El Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 493 del 2008, mediante el cual el Alcalde Mayor de Bogotá determinó para el 2009 la base gravable mínima del impuesto predial unificado de los predios a los cuales no se les había fijado avalúo catastral. El alto tribunal tomó esta decisión debido a que el reajuste hecho por el mandatario distrital no se efectuó con base en el porcentaje del índice de valoración inmobiliaria urbana y rural (IVIUR) expedido por la autoridad competente, sino con base en el IPC certificado por el DANE, en contravía de lo ordenado por la Ley 601 del 2000 (C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez).