El Gobierno sancionó la ley que aprueba la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, adoptada en 1997. Este instrumento establece que tanto la investigación como el enjuiciamiento de tal delito deberán sujetarse a las normas aplicables de cada país. También señala que la conducta en mención deberá considerarse como un delito que dará lugar a la extradición conforme a las leyes de las partes involucradas y a los tratados vigentes.