La legalización de las mercancías y, por lo tanto, el rescate que exige la legislación aduanera es un acto voluntario, que tiene como fin recuperar la mercancía que está a disposición del Estado, por lo que no puede asimilarse su naturaleza y finalidad a la de las sanciones ni otorgarse prerrogativas para el diferimiento del pago que deba cancelarse por la importación de mercancías, precisó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La entidad modificó el Concepto 50485 del 2009, pues de manera errada concluye que el rescate es una sanción.