La comisión nombrada para estudiar las objeciones del Gobierno al proyecto que ofrece beneficios fiscales a los propietarios de vehículos robados pidió no aceptarlas. Como se recordará, el Ejecutivo objetó la iniciativa por inconstitucional, pues solo los entes territoriales pueden conceder exenciones o tratamientos preferenciales en relación con sus tributos. El argumento de los congresistas es que la propuesta no habla de exenciones, sino de las multas y sanciones que se derivan del incumplimiento en el pago de los impuestos de un bien que ya no se posee.