La Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que las personas que estén relacionadas en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República no pueden tomar posesión de cargos públicos ni celebrar contratos estatales hasta que cancelen la totalidad de las obligaciones o el proceso fiscal haya terminado por otra causa. Adicionalmente, el alto tribunal resaltó que si la persona que pretende posesionarse en un empleo público omite informarle oportunamente a la administración que está incurso en una causal de inhabilidad, incurre en una falta disciplinaria gravísima. En el caso concreto, la Sección negó la nulidad de unas resoluciones expedidas por el Incora (hoy Incoder), que destituyeron a un exgerente de la regional de Santander de la entidad, porque este se posesionó a sabiendas de tener una obligación fiscal pendiente (C.P. Luis Rafael Vergara).