La imposición de nuevos tributos no rompe necesariamente el equilibrio económico del contrato estatal, indicó la Sección Tercera del Consejo de Estado. Sin embargo, el alto tribunal advirtió que cada caso deberá ser analizado de forma particular, para establecer si el impuesto redujo los ingresos y la utilidad esperada. En el caso concreto, la corporación estableció que para el momento de prórroga del contrato, el impuesto ya había sido determinado legalmente, por ende, el tributo no fue un hecho sobreviniente que afectara la ecuación contractual, ni la planeación o ejecución de la obra (C.P. Stella Conto Díaz del Castillo).