La Sección Cuarta del Consejo de Estado advirtió que todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto de actividad agrícola o ganadera, están obligadas a expedir factura o documento equivalente a menos que por expresa disposición legal no lo estén. Dicha obligación es concurrente con la del comprador de exigir factura. Así las cosas, la consecuencia de su incumplimiento por parte del comprador es la imposibilidad de efectuar deducciones y costos en materia del impuesto sobre la renta (C. P. Jorge Octavio Ramírez).