El impuesto al patrimonio de la Ley 1370 del 2009 se encuentra amparado por el régimen de estabilidad jurídica de la Ley 963 del 2005 por el tiempo que se pacte, siempre que en el contrato se hubiera identificado expresamente dicho impuesto, explica la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En ese sentido, los inversionistas que suscriben el contrato de estabilidad jurídica no adquieren meras expectativas, sino el derecho particular y concreto a que la inversión, durante la vigencia del contrato, se rija por las normas identificadas en el mismo. Por lo anterior, a partir de la celebración del contrato y en virtud del principio de buena fe los inversionistas amparan el marco jurídico de la inversión al punto que con posteridad no les son oponibles las modificaciones normativas que resulten adversas a la inversión (C. P. Milton Chaves García).