La Corte Constitucional tuteló el derecho a la educación en condiciones dignas, a la vida, la integridad personal y la salud de un grupo de menores de edad y reiteró que los niños son sujetos de especial protección, por lo que deben recibir un trato especial por parte del Estado. El caso estudiado se refiere a unos menores que reciben clase en una institución educativa ubicada en zona de alto riesgo y dentro de una reserva natural. La Sala puntualizó que las razones de protección ambiental no son superiores a la obligación de garantizar la educación de los niños (M.P. Nilson Pinilla).