La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 101 de la Ley 1819 del 2016. Esta normativa estableció, principalmente, que a partir del 1º de enero del 2017 la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para las personas jurídicas que sean usuarios de zona franca sería del 20 %. Así mismo, dispone de una tarifa del 15 % para los usuarios nuevos. Según el concepto del demandante, dicha norma viola materialmente el principio y derecho de igualdad para un grupo de zonas francas antiguas a las que discrimina, así como los principios de irretroactividad, buena fe y confianza legítima al desconocer derechos y situaciones jurídicas consolidadas de acceso a un incentivo tributario previamente reconocido, para ciertos agentes económicos ya declarados.