Nuevamente, fue demandada ante la Corte Constitucional la Ley de Financiamiento (Ley 1943 del 2018). Esta vez, el turno fue para el artículo 33,que regula la renta líquida gravable de la cédula general, para cuya determinación se suman los ingresos obtenidos por todo concepto, excepto los correspondientes a dividendos y ganancias ocasionales. Además, indica que en la depuración de las rentas no laborales y de capital se pueden restar los costos y gastos que cumplan con los requisitos generales para su procedencia. Para los accionantes, se desconoce la cosa juzgada constitucional, pues el Legislador ignoró los pronunciamientos previos de la Corte (sentencias C-688 del 2015 y C-120 del 2018) en los que juzgó una norma equivalente, y allí precisó que si bien existe margen de configuración en materia fiscal, se le debe permitir al trabajador independiente la detracción de los costos y gastos en que incurra para desarrollar su actividad económica. Así las cosas, solicitan su inexequibilidad (demandantes: Alejandro Delgado y Daniel Delgado).