La Corte Constitucional declaró exequible la Ley 1386 del 2010, que prohibió a las entidades territoriales delegar la administración y el cobro de impuestos, porque no se probó ningún vicio de carácter formal durante su trámite en el Congreso. El actor de la demanda considera que la comisión conciliadora debió incluir un parágrafo en la discusión final que fue aprobado por una de las comisiones. Sin embargo, la sala explicó que al no ser aprobado en plenaria no tenía por qué incluirse como objeto de la labor conciliadora y, si lo hubiera hecho, habría incurrido en un exceso no permitido por la Constitución (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).