La Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó que la Constitución y las normas que rigen el ordenamiento territorial, la planeación urbana y la prestación de servicios públicos son el sustento tácito del derecho por rotura, fraccionamiento, rompimiento o afectación de las vías públicas. Además, ese tributo debe ser regulado por el concejo municipal o distrital y no por el alcalde, advirtió. La consejera Martha Teresa Briceño aclaró el voto, porque, a su juicio, ese derecho no tiene fundamento legal (C. P. Carmen Teresa Ortiz).