La Procuraduría General de la Nación pidió la constitucionalidad del acuerdo de promoción y protección de inversiones, celebrado entre Colombia y la República de la India, y su ley aprobatoria (Ley 1449 del 2011). El Ministerio Público señaló que, además de cumplir con el trámite legislativo formal, el fondo del convenio se ajusta al ordenamiento interno y busca propiciar condiciones de seguridad jurídica para mejorar las relaciones comerciales y económicas con dicho Estado.