La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la Convención del metro y su ley aprobatoria (Ley 1512 del 2012), que permite la vinculación de Colombia a una oficina internacional de pesas y medidas. Según el Ministerio Público, además de cumplir los requisitos formales de trámite del tratado, el acuerdo permite desarrollar y producir mejores y más avanzados productos, mejorar la eficiencia de los procesos productivos y realizar transacciones comerciales justas para los consumidores, entre otros, ajustados a la Constitución.