El año pasado, tras el escándalo por el millonario desfalco al Estado realizado a través de exportaciones ficticias, el Gobierno publicó dos proyectos de decreto para controlar las actuaciones de las sociedades de comercialización internacional (SCI) y corregir las falencias detectadas en los procesos de devolución del IVA, con el fin de prevenir nuevos fraudes y el desvío de recursos públicos. La primera de esas normas acaba de ser una realidad. Se trata del Decreto 380 del 16 de febrero, modificatorio del Estatuto Aduanero (Decreto 2685/99), que endurece los requisitos de autorización de SCI y su régimen sancionatorio y la regulación aplicable a puertos y muelles de servicio público o privado, a los intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes y a los titulares de programas autorizados bajo la modalidad importación temporal para perfeccionamiento activo en desarrollo de los sistemas especiales de importación – exportación (Plan Vallejo) de bienes y servicios. “Es importante fortalecer las herramientas de control aduanero que permitan neutralizar de manera inmediata conductas irregulares ejercidas por los usuarios de operaciones de comercio exterior, así como las conductas que constituyen infracciones en las que pueden incurrir los usuarios”, señala la nueva disposición.