Uno de los compromisos asumidos el pasado 6 de abril por el presidente Juan Manuel Santos con su homólogo de EE UU, Barack Obama, con miras a la ratificación del tratado de libre comercio (TLC) por parte del Congreso de ese país es la asignación de policías judiciales para apoyar a la administración de justicia en las investigaciones de presuntos crímenes contra sindicalistas. Para dar cumplimiento de ese compromiso, el Gobierno acaba de expedir la Directiva Presidencial 12, que ordena asignar a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, a más tardar el próximo 15 de diciembre, 95 investigadores de policía judicial, con dedicación exclusiva y tiempo completo.