Aunque la DIAN debe ejercer fiscalización y control para detectar la introducción de mercancías sin el cumplimiento de normas aduaneras, no tiene la facultad de decidir controversias sobre la propiedad privada de los bienes importados, como tampoco para pronunciarse sobre la validez o la falsedad de los documentos que sustentan la importación de las mercancías. Así lo advirtió el Consejo de Estado al condenar a esta entidad por la inmovilización y entrega de un automotor a quien aducía era el propietario y por haber compulsado copias para que la Fiscalía General de la Nación investigara la supuesta falsedad. Para el alto tribunal, se omitió aplicar el debido proceso en la actuación administrativa que se seguía para determinar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en la importación del vehículo (C.P. Stella Conto Díaz del Castillo).