El Consejo de Estado declaró la nulidad de los decretos 1504 y 1712 del 2002; 446, 2130 y 3519 del 2003; 2646 del 2004 y 1141 del 2005. Por medio de estos decretos, el Gobierno adoptó medidas de salvaguarda en forma de gravamen arancelario o licencia previa a las importaciones de aceite de soya y girasol refinado y mezclas de aceites vegetales refinados, originarias de los países miembros de la Comunidad Andina, con vigencia de seis meses. A juicio del alto tribunal, estas normas desconocieron el ordenamiento jurídico comunitario, pues las facultades solo pueden ser usadas cuando exista una perturbación a la producción nacional, que no fue demostrada en este caso. El Consejo acogió los argumentos que expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una sentencia del 2006 que ordenó la suspensión de los decretos. Por ello, afirmó que Colombia incumplió obligaciones derivadas del Acuerdo de Cartagena, hizo un uso abusivo de las excepciones autorizadas en el programa de liberación y afectó el comercio intrasubregional (C.P. María Elizabeth García González).