El Consejo de Estado reiteró su jurisprudencia sobre la delegación como sistema de organización político administrativa frente a la exigencia de requisitos legales para el retiro de oficiales de la Policía Nacional. Según las normas vigentes al momento en que un oficial de la institución fue retirado de su cargo, esta decisión debía ser adoptada mediante un decreto suscrito por el Gobierno Nacional, que por mandato constitucional está compuesto por el Presidente de la República y el ministro de la cartera correspondiente. Al no satisfacerse este requisito, el alto tribunal declaró la nulidad una resolución proferida por el Ministro de Defensa Nacional en el que dispuso el retiro del servicio del accionante (C.P. Alfonso Vargas Rincón).