Otra de las normas que examinó la Corte Constitucional en el 2011 fue la reforma tributaria que aprobó la Ley 1430 del 2010 para reducir el déficit fiscal e impulsar los proyectos de las locomotoras del Gobierno.

La Corte declaró inexequibles dos normas: la que ataba la devolución de saldos al pago de una garantía por las posibles sanciones en caso de improcedencia y la que condicionó los descuentos por impuestos pagados en el exterior a que el contribuyente tuviera el 15 % de participación en sociedades en el exterior.