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Actualizado hace 39 minutes | ISSN: 2805-6396

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Reforma tributaria estructural 2016 - Especial Derecho Tributario


Reforma tributaria estructural y seguridad jurídica

12 de Mayo de 2016

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Nota:
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Alfredo Lewin Figueroa

Socio de Lewin & Wills Abogados

 

La necesidad y conveniencia de adelantar a la mayor brevedad el debate y la aprobación de una reforma estructural a nuestro sistema tributario ha sido ampliamente ratificado por los más destacados analistas económicos del país, exministros de Hacienda, académicos, centros de pensamiento y líderes de opinión.

 

El Gobierno cuenta con el estudio de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria y el informe presentado en diciembre del año pasado y con análisis complementarios que se han venido realizando, propios de una materia tan sensible para los distintos sectores y actividades económicas. Es previsible que los debates en el Congreso alrededor de las principales cuestiones que contempla el proyecto de ley que prepara el Gobierno serán intensos, pero confiemos en que las buenas razones, argumentos y medidas propuestas de interés general para mejorar la equidad, la simplicidad y la progresividad del sistema sirvan para abordar con éxito las deficiencias y debilidades fiscales presentes.

 

Unánimemente se advierten con preocupación los problemas fiscales, la posibilidad de incumplir la regla fiscal y un eventual castigo de calificación por parte del mercado, si no se toman medidas urgentes. Por el lado del gasto público, estas ya se han tomado, pero quizá sería muy conveniente revisar la situación hacia el futuro y, para ello, sería interesante conformar una comisión de expertos en gasto público, como se ha propuesto públicamente.

 

En este escrito no pretendo plantear las grandes líneas o cuestiones económicas recomendadas en el Informe de la Comisión de Expertos, sino destacar la importancia de que tanto el proyecto que se someta a consideración, como la ley misma que sea aprobada, estén no solo orientados por el mejor sentido económico, sino redactados de una manera concisa que evite confusiones, incertidumbres, interpretaciones diversas y, en general, situaciones de inseguridad jurídica que afectan en la práctica a los contribuyentes y al mismo Estado, pues generan controversias complejas e inútiles, además de muy larga duración y efectos finales que pueden ser muy graves.

 

Normas claras

 

La claridad y la precisión de las normas no solo garantizan el principio de legalidad consagrado en la Constitución, sino que garantiza que las reformas propuestas para hacer el sistema más equitativo, progresivo y simple cumplan su propósito y no queden apenas como enunciados y fines teóricos.

 

Como se expresó en el Informe de la Comisión de Expertos, es imprescindible considerar, con el mayor rigor, la necesidad de contemplar la dimensión constitucional y jurídica de las distintas iniciativas y de las normas específicas no solo para evitar contratiempos en el examen que de la ley haga la Corte Constitucional. Debería expedirse un Código o Estatuto Único, claro y ordenado, que evite la nociva práctica de la expedición de decretos ilegales y de conceptos de la DIAN que dejen al arbitrio de los funcionarios y no de la ley, como lo exige la Constitución, el nacimiento y la determinación de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Es la ley, o sea el Congreso, no el Gobierno y menos los funcionarios de la administración, el órgano competente para fijar los elementos esenciales de los tributos, a saber: los sujetos, el hecho generador, las bases y las tarifas.

 

Entre las propuestas formuladas, debe destacarse la enorme importancia de crear una instancia o tribunal dentro de la vía gubernativa conformada por personas independientes a los funcionarios de la DIAN, que garantice una objetiva y pronta resolución de controversias entre el Estado y los contribuyentes y que evite la grave situación de inseguridad jurídica en la aplicación de las normas e imposición de las sanciones, y las disputas que hoy toman más de cinco y, a veces, ocho años en ser decididos por los tribunales judiciales.

 

Acerca de la importancia jurídica y práctica de la calidad normativa en materia tributaria y de la afectación a la seguridad jurídica tributaria originada en la mala calidad de las leyes, es muy conveniente la lectura del trabajo recientemente presentado por el jurista español Cesar García Novoa en las XL Jornadas colombianas de Derecho Tributario.

 

Sin duda, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario podría, como lo expresó García Novoa, prestar un enorme apoyo para atender al Gobierno y al Congreso en la correcta redacción de las normas y textos en que se concreten las reformas y su coherencia y consistencia con el régimen normativo vigente.

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