¿Está moralmente justificado el impuesto a la riqueza?

Carlos Bernal Pulido Profesor de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho, Universidad Externado de Colombia carlos.bernal@uexternado.edu.co

Desde la reciente presentación del proyecto de reforma tributaria, se viene discutiendo acerca de la conveniencia económica del impuesto al patrimonio, ahora denominado impuesto a la riqueza. Sin embargo, desde la perspectiva de la teoría política y el derecho constitucional también puede debatirse si este impuesto tiene justificación moral.

A Plutarco se suele atribuir la sentencia de que “la inequidad entre ricos y pobres es la peor enfermedad crónica de una república”. El sistema tributario provee mecanismos apropiados para corregir dicha iniquidad. El impuesto a la riqueza es uno de ellos. Se trata de un gravamen directo al patrimonio de las personas, que se genera cuando los activos de las mismas sobrepasan cierto umbral.

Varios argumentos juegan a favor del impuesto a la riqueza. Este impuesto fomenta la equidad tributaria, es decir, el principio según el cual las cargas impositivas deben ejercer una presión igual sobre todos, en relación con la capacidad de pago de cada quien. De no existir impuesto a la riqueza, una misma tasa impositiva de renta o de IVA es más gravosa para quien no tiene patrimonio que para quien tiene. También, si, como sostiene Piketty[1], la tasa ingresos por capital es siempre mayor que la tasa de crecimiento económico, entonces los ingresos por capital serán siempre mayores que los ingresos por salarios. Por ello, gravar la riqueza contribuye a la equidad tributaria entre dueños del capital y trabajadores.

Con todo, el impuesto a la riqueza también suscita dificultades. Este impuesto puede desestimular la creación de patrimonio y el ahorro. Igualmente, desde el punto de vista liberal, supone una interferencia en la propiedad y en el fruto del mérito y el esfuerzo que exige una justificación robusta. Para justificarse, este impuesto debe producir beneficios sociales para quienes lo pagan, en términos de seguridad, paz y bienestar. La ausencia tangible de estos bienes al mediano plazo socavaría el fundamento del impuesto. Por último, el impuesto a la riqueza debe tener en cuenta la liquidez de quien tiene que pagarlo. Si se desliga del impuesto de renta, termina siendo inequitativo para sujetos sin renta, pero titulares de activos que, consecuentemente, carecerán de capacidad de pago.

Estos argumentos morales deben ser evaluados con cuidado en la discusión de la reforma tributaria.

[1] Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, Cambridge Mass., Harvard University Press, p. 25-27 y 353-358.