Del sentido común a la realidad técnica

Ricardo Vásquez Bernal CP - Magister en Economía y Finanzas  Socio de Baker Tilly Colombia Consulting  rvasquez@bakertillycolombia.com

Se pregona la importancia de que los cuerpos directivos –más que los contadores– tengan un pleno conocimiento de las políticas y efectos que puede traer la aplicación de los estándares internacionales de información financiera y de aseguramiento en las empresas colombianas, una vez se dé la largada legal que introduce la Ley 1314 del 2009. Lo advierten los organismos de supervisión y vigilancia y los entes de regulación, haciendo notar su relevancia y señalando que las empresas deben prepararse frente a los impactos funcionales, tecnológicos, de desempeño y riesgo. Si bien esto puede entenderse por sentido común, por cuanto son los consejos directivos quienes llevan en sus hombros la orientación de la estrategia de una empresa y la responsabilidad por su sostenibilidad y el cumplimiento de las normas, es pertinente aclarar el sentido de esta relación a partir del modelo de arquitectura financiera internacional en materia de los estándares que aplican para las empresas de interés público: gobierno corporativo, régimen de insolvencia, reportes financieros y aseguramiento de información.

Como la filosofía que orienta los estándares es la protección de los ahorradores e inversionistas, en estos se precisa quién es responsable de la emisión de los reportes aplicando las normas y garantizando los niveles de trasparencia requeridos ante accionistas minoritarios, tenedores de bonos y potenciales inversionistas. Entran en juego, entonces, los conocidos principios del gobierno corporativo que asignan esta tarea a las juntas directivas y no a los ejecutivos de primera línea –alta gerencia– ni a la asamblea de accionistas, como muchos creen. Responden, en suma, por la confiabilidad de la información que se presenta ante terceros y por el cumplimiento normativo, solo por citar algunas consideraciones del marco.

Ahora bien, como es preciso que la confiabilidad de la información sea objetiva y de general aceptación, es necesaria la aplicación de normas técnicas que permitan determinar los principios y conceptos requeridos para su formulación. Estas son, pues, los estándares internacionales de reporte financiero, en donde se establecen los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación de los reportes que permiten configurar una realidad económica de valor para los usuarios. No son simples normas para llevar la contabilidad, hacer registros en libros, aplicar cuentas y demostrar, con transacciones y contratos formales, que se dice la verdad. Es un conjunto de políticas y consideraciones que se cuelan por la necesidad de hacer que el modelo de negocio se haga evidente mediante información real y de valor esencial.

Finalmente, como el usuario de la información es pasivo por cuanto debe hacer un acto de fe del reporte que, preparado bajo los estándares técnicos, emitió la junta directiva, existe un mecanismo que le permite asumir con mayor certidumbre la confiabilidad de la realidad económica revelada, a saber, los estándares de aseguramiento de información, que cumplen esa misión. Ellos enuncian las prácticas que debe aplicar un auditor externo con el propósito de emitir un dictamen para el interés público –funciones que aplica el revisor fiscal en Colombia–, avalando así, la realidad económica presentada en los reportes a partir de la íntegra aplicación de los mencionados estándares.

Cuando se habla de contabilidad se hace alusión a los contadores, y en este caso, de alguna manera es así, es decir, se admite que los estándares se basan en la generación de información basada en protocolos de contabilidad que ellos dominan; y por supuesto, siendo ellos quienes en su rol de auditores dictaminan los reportes, se entiende la mirada corta de muchos que no vacilan en afirmar que los estándares internacionales de información son un problema de contadores, como se ha resuelto el tema de la contabilidad y reportes en Colombia siempre.

Lo que muchos no saben es que para que los estándares puedan operar requieren juicios de valor sobre el entendimiento del negocio, políticas coherentes de aplicación comercial, laboral, contractual y legal que resultan determinantes para configurar la realidad económica, al igual que políticas de control y aseguramiento para validar su cumplimiento y transparencia. Sin esto, sus atributos funcionarán en un mundo de incertidumbre donde se expone la estrategia, el desempeño y la sostenibilidad empresarial. Se pierde, además, la coherencia entre el sentido común y los fundamentos técnicos que las autoridades pretenden remarcar.