Crítica tributaria

“No todo vale en el afán de comunicar”…

Eleonora Lozano Rodríguez

Profesora asociada y directora Maestría en Derecho y Especialización en Tributación, Universidad de Los Andes.

… Así termina el Comunicado de Prensa 22 del Despacho del Ministro de Hacienda del pasado 7 de mayo, con ocasión de la filtración de un borrador de la tan anunciada reforma tributaria que “aparentemente” en fecha próxima radicará el Gobierno en el Congreso[1]. El tono del comunicado es fuerte y denota el malestar del ministro Echeverry con lo sucedido.

Desde hace ya varios meses el Gobierno ha venido trabajando en el texto de la reforma, bajo un pacto de confidencialidad suscrito por el equipo formulador y redactor del proyecto, hasta tanto no sea este radicado en el Legislativo con la previa aquiescencia del Presidente.

La confidencialidad de la preparación de un texto de reforma tributaria es una estrategia no probada, o al menos en nuestro país, pues la gran mayoría de los anteriores ministros, al preparar sus reformas, las han socializado con los diferentes actores interesados en la misma, como lo son los gremios, congresistas e inclusive integrantes del mismo Gobierno que tienen interés en los temas tributarios, dada la transversalidad de la materia. 

Pero la estrategia del ministro Echeverry, lamentablemente para el país, falló no solo por la filtración en sí del texto –lo cual lo tiene terriblemente molesto, hasta el punto de haber denunciado tal situación a la Procuraduría y a la Fiscalía, medida que congestiona aún más nuestra ya colapsada justicia–, sino porque todos los colombianos se han sentido “excluidos” en un tema que, como el mismo comunicado de prensa ministerial manifiesta, es “de la mayor importancia y sensibilidad para los colombianos”.

Dado el anterior impasse, han tenido que salir los funcionarios (Echeverry y Juan Ricardo Ortega) a dar explicaciones sin haber sido radicada la reforma y sin contar con la aprobación del Presidente.

Que el Partido Liberal no apoyará la iniciativa de gravar con IVA del 5% la canasta básica familiar; que según Ortega la historia está mal contada y a medias, porque adicional a la anterior medida se disminuirá el impuesto de renta de los agricultores de la tarifa del 33 % al 15 %, para que el impacto en el precio final al consumidor sea menor (lo cual suena económicamente loable e ingenioso); que según el ministro lo del IVA para la canasta es una propuesta de los “técnicos” (como si él no lo fuera y no conociera perfectamente la tendencia internacional a gravar más el consumo que el ingreso) que él tiene que evaluar, pues no la incluirá hasta tanto no se le devuelva ese dinero a los “pobres”; que el Presidente prometió en campaña que no subiría tarifas (y en el caso del IVA claramente lo está haciendo); que lo del IVA a la canasta familiar sería declarado inconstitucional (lo cual es incorrecto, pues hay que leer detenidamente el fallo de constitucionalidad C-776 del 2003, que deja abierta la puerta a la progresividad de la medida vía gasto público); que van a “chillar” más los ricos que los pobres o al revés (con todo lo odioso del término); que según Ortega falta redactar el capítulo relativo a sanciones, procedimientos y precios de transferencia, en fin, un debate innecesario por la falta de claridad en el diálogo y muy posiblemente haciendo fracasar un buen propósito que el equipo de gobierno con seguridad, conociendo el perfil de sus líderes, deseaba cumplir.

El trasfondo económico de una reforma tributaria, y sobre todo de política fiscal, sin desconocer las implicaciones también monetarias, es un tema que ya debió haber sido decidido por el Gobierno, más aún cuando se ha aventurado a mencionar fechas de radicación del proyecto que han tenido que mover por no tener un texto definitivo. Esto demuestra improvisación. La política fiscal, sobre todo tratándose de importantes economistas como los son Echeverry y Ortega, es una decisión previa a la elaboración del texto jurídico. Por lo anterior, los abogados que redactan el articulado son instrumentadores jurídicos de una política ya aprobada. Al parecer el modelo fiscal aún no ha sido definido por los economistas, así como tampoco este ha sido avalado por un economista como lo es el presidente Santos.

Así las cosas, la afirmación “no todo vale en el afán de comunicar” carece de sustento, cuando ha habido improvisación gubernamental y cuando era mejor que sin tanto alboroto, juiciosamente, los funcionarios de Hacienda trabajaran a puerta cerrada su modelo económico para la posterior aprobación de su jefe, y luego sí comenzar su “socialización”, en paralelo con la redacción del texto, que toma tiempo para quedar, desde la técnica jurídica, bien elaborado.

[1] Consultado el 8 de mayo, disponible en http://www.minhacienda.gov.co/portal/pls/portal/docs/1/5736652.PDF.