¿Regulación legal o autorregulación judicial? el vacío normativo de la IA en Colombia

Cristian David Salazar Chavarro
Profesor de Derecho Disciplinario e Informático
X: @CristianS05

El uso creciente de la inteligencia artificial (IA) en el escenario jurídico —algunas veces declarado y otras de forma soterrada— no puede leerse únicamente como un simple “boom tecnológico”. Exige reconocer, sin sonrojarnos, que sus capacidades superaron hace rato la mera organización de información o el resumen de expedientes.

Hoy estos sistemas pueden detectar patrones, sugerir argumentos, contrastar jurisprudencia y proyectar razonamientos jurídicos con una precisión y velocidad difícil de igualar para un ser humano.

La pregunta, entonces, no es si puede usarse la IA en tareas jurídicas. Esa discusión ya fue superada por la realidad. La pregunta relevante es cómo regular su uso de manera responsable, sin tratarlo como un fenómeno aislado, clandestino o puramente excepcional. Vamos a observar algunos datos:

En Colombia hay, en promedio, aproximadamente 11 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en países con sistemas judiciales más eficientes la media se acerca a 30 jueces por cada 100.000 habitantes (Corporación Excelencia en la Justicia, 2019). En otras palabras, incluso si Colombia duplicara el número actual de jueces, seguiría estando muy por debajo del promedio de los países con sistemas judiciales más robustos.

Estas cifras reflejan una congestión promedio de 800 casos pendientes de resolución por cada juez, sin contar el incremento del 162 % en el número de acciones de tutela entre 2020 y 2025, al pasar de 459.680 tutelas a 1.202.436 acciones, con un promedio de 23.123 tutelas semanales. (Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del C. S. de la Jud.).

Aunque queramos mirar hacia otro lado, debemos ser conscientes de que el sistema actual NO ES SOSTENIBLE (en mayúscula sostenida). No lo es para el funcionario que sacrifica su vida familiar y termina al borde del burnout; tampoco para el investigado que permanece años bajo la incertidumbre de una decisión, ni mucho menos para la víctima que espera una respuesta institucional que llega, muchas veces, cuando el daño ya se ha vuelto irreparable. Nos hemos acostumbrado a procesos de cinco, diez, quince o más años, como si la demora fuera una condición inevitable de la justicia. Pero no lo es.

Aunque algunos despachos judiciales del país han empezado a asumir la transformación tecnológica con seriedad y a incorporar la IA de manera responsable en sus procesos, esa práctica todavía está lejos de ser generalizada, ya sea por falta de voluntad institucional, poco conocimiento técnico o porque los recursos tecnológicos siguen siendo insuficientes.

La pandemia nos dejó una gran lección. Cuando la justicia enfrentó una presión extraordinaria, el país entendió que no bastaba con resistir la crisis usando las mismas herramientas de siempre. Fue necesario adoptar soluciones estructurales que transformaron la práctica judicial y que luego se consolidaron normativamente, primero con el Decreto 806 de 2020 y después con la Ley 2213 de 2022.

Con la IA ocurre algo semejante. Las decisiones judiciales recientes sobre su uso son necesarias y, en buena medida, bien intencionadas; sin embargo, todavía parecen enfrentar el problema desde el síntoma y no desde la raíz. Corrigen la alucinación, sancionan la cita falsa o advierten sobre la falta de control, pero aun quedaría pendiente resolver cómo integrar este nuevo actor al servicio de la justicia mediante una estrategia estructurada, y no simplemente a partir de usos aislados.

El debate, entonces, no debería plantearse como una elección extrema entre regulación legal o autorregulación judicial. La primera es necesaria para fijar garantías, límites y responsabilidades generales; la segunda, para adaptar esos principios a la realidad operativa de los despachos. Entre ambas, el sandbox judicial puede funcionar como un puente institucional para probar, bajo condiciones controladas y trazables, qué tareas procesales deberían automatizarse, cuáles pueden apoyarse en capacidades de análisis y detección de patrones, y cuáles deben permanecer reservadas al juicio humano.

No se trata de reemplazar al juez, sino de impedir que la justicia siga llegando tarde.

Siga nuestro canal de WhatsApp

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.