Redes para la economía digital, un gran reto del nuevo Gobierno

Martha Cecilia Ramírez Torres

Magister en Derecho de las Telecomunicaciones y nuevas tecnologías

Directora de Maestrías y Especializaciones Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de La Sabana

 

Actualmente, el Gobierno, las empresas, los usuarios y, en general, la sociedad, se encuentran inmersos en una transformación vertiginosa, a la que se ha denominado “La cuarta revolución industrial” (4. 0).

 

Todos los cambios y las transformaciones requieren de la participación de varios actores, tales como facilitadores, transformadores y disruptores en un ambiente digital, así como de las áreas de soporte de infraestructura y redes. Todos estos cambios requieren, a su vez, de un adecuado diseño de la política pública en la materia, que lleva implícita la adaptación al nuevo ecosistema digital y a las ventajas competitivas que pueden derivarse para el país, incluyendo un modelo de sostenibilidad de las organizaciones. Esto requiere de la flexibilización de los procesos e individualización de las necesidades y expectativas de las personas.

 

La transformación digital se convierte en uno de los retos más importantes a los que se enfrenta este nuevo Gobierno y que tiene una incidencia directa para el desarrollo y la evolución del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), así como del papel que desempeña el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como hacedor de la política pública para este importante sector.

 

Las nuevas tecnologías soportadas en redes y sistemas exigen inversiones de gran magnitud. El surgimiento de los proveedores de OTT (over the top), de aplicaciones y de servicios (buscadores) inquietan a los operadores tradicionales, ya que los nuevos modelos de negocio han modificado la forma en la que obtienen los recursos, donde los operadores de red son los que realizan las grandes inversiones necesarias para el despliegue de redes, y de esta manera soportar el crecimiento de la demanda y los retos de la era digital. Los modelos de negocio han cambiado, pero las cargas regulatorias permanecen iguales.

 

No se puede desconocer que uno de los aspectos fundamentales de esta transformación está relacionado con el desarrollo y el despliegue de las redes de nueva generación -NGN- y de la definición de una adecuada política pública y regulatoria sobre esta materia.

 

Los retos

 

Para tal efecto, es necesario referenciar dos de los principales retos en el marco del despliegue de redes e infraestructuras:  

 

Adjudicación del dividendo digital. Conocida también como la banda de 700 MHz, esta porción del espectro permitirá mayor despliegue de la tecnología 4G y, de esta manera, una mayor conectividad.

 

En los últimos años, la actuación del Estado se ha centrado en una acción concreta para la adjudicación de este dividiendo, pero no se evidencia una propuesta para el desarrollo de redes de nueva generación que inciden directamente en incrementos de la velocidad de la banda ancha o ultra banda ancha, que se traducen en inversiones de redes de fibra óptica y que tienen un impacto directo para todas las industrias que quieran innovar en sus negocios asociados a la era digital. 

 

Para tal efecto, es necesario revisar los actuales modelos tradicionales, tanto en temas de regulación, en el uso de infraestructura, los permisos, las autorizaciones, los modelos de gestión del espectro, la compartición de infraestructura, la definición y el alcance de la banda ancha, las ayudas estatales, los beneficios tributarios y la suspensión temporal de obligaciones regulatorios en temas de interconexión de redes, entre otros.

 

Revisión del modelo regulatorio para el despliegue de redes. Aunado a lo anterior, es necesario efectuar una revisión del marco regulatorio y su incidencia en el despliegue de redes, así como los temas afines como los precios de terminación, las obligaciones de acceso y las obligaciones de cobertura, entre otros.

 

Se debe partir de la premisa que la competencia en sí misma es un objetivo del sector. Sin embargo, se podría considerar que entra en contradicción con las intenciones de los inversionistas por estar sujetos a una regulación tradicional. Este es el reto de las redes de nueva generación: garantizar la inversión con normas que preserven la competencia.

 

Es por ello que el sector TIC requiere con urgencia una propuesta de política pública que permita dar debates como los que su momento se dieron en la Unión Europea, que condujo a la expedición de la Directiva de la Unión Europea 2013/C25/01, que incorpora un sistema de normas sobre ayudas estatales para el despliegue de redes[1].

 

La base para el desarrollo de la economía digital, entre otros, es la de contar con una política que promueva y estimule la inversión para el despliegue de redes de nueva generación, garantizando la libre competencia. El reto futuro es conciliar estas dos premisas, pues quienes están dispuestos a invertir no serían proclives de hacerlo en el marco de una regulación en la que no prime la competencia frente a la sobrerregulación al sector tradicional, ya que esta les obliga a dar cumplir con innumerables cargas regulatorias, mientras los ingresos salen del país en muchos casos sin contribuir al PIB colombiano.

 

Infraestructura y redes

 

En las anteriores líneas se hizo alusión a los retos relacionados con el despliegue de redes de nueva generación, pero no se puede dejar de lado que es indispensable la construcción de una adecuada política digital, desde la perspectiva de infraestructura y redes, en la que deben participar Gobierno, academia y sector privado, por considerar un tema de país y no solo de la industria TIC.

 

Es por ello que se considera conveniente desarrollar una política pública que tenga el objetivo de promover una inversión eficiente en infraestructuras y fomentar la innovación, evitando obstáculos en el largo plazo para el desarrollo de un mercado competitivo sostenible, ya que, de no contar con estas definiciones a tiempo, los temas se resolverán en instancias judiciales, dejando precedentes que no necesariamente obedecen a una política pública nacional. Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta tanto en el documento de base del nuevo Plan de Desarrollo, así como en la respectiva ley.

 

De allí que sea necesario que este documento establezca los fundamentos para la creación de una agenda digital para Colombia, donde la conectividad sea el objetivo principal para la dinamización de la economía de acuerdo con las dinámicas globales[2], y de contar con planes concretos y con tiempos determinados, a efectos de materializar los compromisos asumidos en esta materia no solo como reto de Gobierno para el desarrollo de su política interna, sino también por el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.