El Gobierno acaba de modificar los parámetros para cuantificar el déficit entre subsidios y contribuciones de telefonía pública generado por la aplicación del artículo 116 de la Ley 812 del 2003 (Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006), que limitó los reajustes anuales de los servicios públicos domiciliarios para los usuarios de los estratos bajos, en relación con sus consumos básicos o de subsistencia, al incremento de la inflación. En virtud de la Ley 1341 del 2009 (nuevo régimen de telecomunicaciones), esa diferencia la pagará la Nación durante las siguientes tres vigencias presupuestales, previa verificación del cumplimiento de los límites de subsidios previstos en la Ley 142 de 1994 (régimen de servicios públicos).