La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la norma que prohíbe los acuerdos entre proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que puedan menoscabar, limitar o afectar las facultades de intervención regulatoria y de solución de controversias que le corresponden a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Según el Ministerio Público, dicha regulación no vulnera los principios de autonomía de la voluntad, de acceso a la justicia y de reserva de ley estatutaria ni desborda los límites del principio de libre configuración de la ley, pues no impide a los particulares pactar cláusulas compromisorias como mecanismo para la resolución judicial de sus conflictos, siempre que no se afecten las competencias administrativas de la CRC.