Cualquier persona privada de la libertad que sea beneficiaria del mecanismo de vigilancia electrónica estaría obligada, de acuerdo con su capacidad económica, a cancelar la tarifa establecida por el Gobierno. Sin embargo, la imposibilidad de pagar la totalidad o una parte de la tarifa no impedirá el acceso al mecanismo de vigilancia electrónica o la elegibilidad para su otorgamiento. El pago de la totalidad o de una parte de la tarifa se regiría por las siguientes reglas: (i) se presumirá la falta de capacidad de pago cuando el beneficiario haga parte del Sisbén; (ii) se presumirá la falta de capacidad de pago cuando el beneficiario no declare renta; (iii) se presumirá la capacidad de pago cuando el beneficiario declare renta y (iv) el Inpec podrá realizar acuerdos de pagos parciales por parte del beneficiario, de acuerdo con la capacidad económica que este manifieste. Al momento de la entrega del brazalete, el beneficiario manifestaría bajo la gravedad de juramento el monto que puede cubrir de la tarifa. Así lo plantea el Ministerio de Justicia en un reciente proyecto de norma que publicó para comentarios, los cuales serán recibidos en su página web hasta el 27 de abril de este año.