Cuando un funcionario es abordado por un medio de comunicación ha de estar expuesto a las preguntas, el control e incluso el reproche ciudadano, sobre todo cuando se trata de procesos de notorio interés general. En este contexto, afirmó que, además, tienen el deber de atender los requerimientos de las víctimas y de explicar en un lenguaje accesible, según los parámetros del ente acusador y la confidencialidad del proceso, sus actuaciones. Los reclamos de las familias de los menores canalizados a través de programas de televisión de investigación son completamente legítimos dentro de un régimen constitucional como el de nuestro país, que ha venido reivindicando el valor supremo de la libertad de expresión y la misión que cumplen los medios de comunicación, indicó el alto tribunal. No obstante, precisó que estos deben satisfacer los requisitos mínimos de veracidad e imparcialidad cuando presenten informes, con mayor ahínco si se trate de asuntos sometidos a un proceso judicial, y siempre respetando con particular sensibilidad la intimidad, dignidad y demás derechos humanos de las víctimas (M.P. Jorge Iván Palacio).