El Consejo de Estado negó la nulidad del Decreto 1612 del 2003, en el que se ordenó la supresión y liquidación de la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima (Teletolima). El pronunciamiento lo hizo frente a la demanda presentada por el exmagistrado de la Corte Constitucional Antonio Barrera Carbonell. El Consejo precisó que la competencia del Gobierno para evaluar la gestión de las entidades que pretende suprimir no implica que deba adelantar directamente los estudios para apoyar la decisión o que no tenga permitido apoyarse en los que efectúen otras entidades, como el Consejo Nacional de Política Económica y Social y el Departamento Nacional de Planeación. Por otra parte, estuvo de acuerdo con la duplicidad de funciones entre Telecom y Teletolima, situación que justificaba la supresión de esta última (C.P. María Claudia Rojas Lasso).