El Consejo de Estado les ordenó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la Comisión Nacional de Televisión adelantar los estudios técnicos y financieros necesarios para determinar cuáles son los parámetros indispensables para garantizar eficazmente el acceso al servicio público de televisión a la población sorda y que se adopten las medidas del caso. El pronunciamiento lo hizo la Sección Primera al resolver una acción popular, en la que se señalaba que a la población audio impedida se le está impidiendo el acceso al servicio público de televisión. La sala explicó que la televisión, al ser un servicio público, es un derecho colectivo, y se puede amparar si su prestación no es eficiente ni oportuna, o cuando se ven vulnerados los derechos de los usuarios, entre ellos los de las personas con limitaciones auditivas (C. P. María Claudia Rojas Lasso).