Se concilió el proyecto de ley 163/18C – 119/19S, que regula las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la cesión unilateral administrativa del contrato precisamente por estos actos. De acuerdo con el informe de conciliación, se acogió como texto definitivo el aprobado por la plenaria de Senado, que introdujo varios artículos al proyecto inicial e hizo varias modificaciones. Así, con el fin de garantizar el principio constitucional de igualdad y transparencia, se adoptan medidas para la sanción efectiva de los delitos cometidos contra la administración pública, la administración de justicia y que afecten el patrimonio del Estado, a través de la eliminación de beneficios penales y de la modificación del régimen de inhabilidades para contratar con el Estado cuando se demuestra la comisión de actos de corrupción. La iniciativa, que pasará a sanción presidencial, se refiere principalmente a inhabilidad para contratar, excepción a la medida de casa por cárcel e inhabilidades sobrevinientes.