Reglamentan disposición sobre promoción de compras públicas de tecnología e innovación

Por medio del Decreto 442, del 28 de marzo, el Departamento Nacional de Planeación modificó el Decreto 1082 del 2015 (DUR del sector administrativo de Planeación Nacional), en el sentido de reglamentar el artículo 36 de la Ley 2069 del 2020, sobre promoción de las compras públicas de tecnología e innovación.

De acuerdo con la disposición, estas compras son una herramienta de política de innovación a través de la cual las entidades estatales adquieren un producto o servicio de base tecnológica para dar respuesta a desafíos públicos respecto de los cuales no se encuentra una solución en el mercado o, si la hay, requiere ajustes o mejoras.

Este tipo de compras pueden requerir investigación y desarrollo tecnológico para la exploración de alternativas, el diseño de soluciones, el prototipado o la fabricación original de un volumen limitado de primeros productos o servicios a modo de serie de prueba o extenderse hasta la producción o suministro de los bienes y servicios.

Ahora bien, la convocatoria de soluciones innovadoras se refiere al procedimiento mediante el cual una entidad estatal plantea un reto de innovación a personas naturales o jurídicas, entendido como un desafío para resolver una necesidad de compra requiriendo nuevas soluciones a las existentes en el mercado o estas, pero con ajustes o mejoras, de manera que cualquier interesado pueda presentar alternativas de solución innovadora al reto identificado.

La Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) definirá en un plazo no mayor a seis meses los lineamientos para generar inversiones o compras que permitan promover en las empresas y emprendedores nacionales la necesidad de innovar y usar la tecnología dentro de su negocio, así como involucrar nuevas tecnologías, herramientas tecnológicas e innovación en las funciones o sistemas de las entidades estatales, que permitan generar mejores servicios a los ciudadanos y fomentar el desarrollo tecnológico del Estado.

La disposición regirá seis meses después de su expedición, contados a partir del día siguiente, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.