La reinvención de la enseñanza jurídica

Jinyola Blanco Rodríguez 

Decana Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Antonio Nariño. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade)

 

Como en tantas otras áreas del conocimiento, el Derecho no ha sido la excepción para preguntarnos si es posible cumplir los requisitos para obtener el título profesional, durante el aislamiento obligatorio en época de la pandemia covid-19.

 

Han sido varios los retos que como las facultades de Derecho hemos tenido que afrontar, desde el pasado mes de marzo, a causa del confinamiento decretado por el Gobierno Nacional. En primer lugar, hemos garantizado la prestación del servicio público de educación a través de las clases virtuales que realizan nuestros profesores en sus espacios de formación teórica. Así mismo, hemos tenido que reformular los espacios formativos prácticos con dos fines: por un lado, mitigar el riesgo de que nuestros estudiantes se atrasen en su semestre académico y, por el otro, no interrumpir la atención a los usuarios que lo requieren por el cierre de nuestros establecimientos al público (consultorio jurídico).

 

En ese sentido, varias facultades de Derecho ya habían implementado el consultorio de manera virtual y otras tantas tuvieron que comenzar a plantearse esta posibilidad, al ver que era incierto el final de las medidas de aislamiento. No obstante, en su mayoría, han salido al paso con soluciones para cumplir aquellas dos finalidades que, sumadas con la parte teórica, sin duda, permiten reunir el requisito básico y primigenio para obtener un título de abogado: terminar el plan de estudios.

 

Las soluciones van desde llevar a cabo audiencias simuladas o resolver casos supuestos, tramitar derechos de petición, elaborar demandas de tutela, realizar liquidaciones de prestaciones sociales o participar en barras jurídicas, hasta continuar con las acciones que se adelantan en las clínicas jurídicas o en programas especiales del consultorio e, incluso, atender de manera virtual las audiencias en aquellos asuntos judiciales que no han tenido suspensión de términos por el Consejo Superior de la Judicatura. Con ello, hemos previsto que los estudiantes puedan seguir acompañando, entre otras, actuaciones en materia penal con relación a la función de los jueces de control de garantías o en materia laboral, frente a temas de seguridad social (Acuerdo PCSJA20-11546, abr. 25/20).

 

La obtención del título

 

En segundo lugar, mientras la atención se centró, en un primer momento, en que los profesores y los estudiantes tuvieran acceso a plataformas virtuales y además supieran utilizarlas, tanto para impartir las clases como para realizar evaluaciones, otro número de la población estudiantil empezaba a sentir las consecuencias de las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de educación superior.

 

En efecto, teníamos estudiantes próximos a obtener su título, a quienes solo les faltaba la ceremonia de grado para portar en sus manos el diploma de abogado. Sin embargo, la posibilidad de un encuentro masivo en tal evento pronto se vio diluida por la prohibición de reuniones de más de 50 personas que anunció el Ministro de Salud, el pasado 16 de marzo. Varias universidades optaron por suspender las fechas señaladas para los grados, otras abrieron la posibilidad de que se reclamara el diploma por ventanilla y otro tanto decidió entregarlos en el domicilio de los graduandos o realizar grados virtuales. 

 

Por otro lado, estaban aquellos egresados no graduados que ni estaban en la posición de recibir sus clases, porque ya han culminado su plan de estudios a satisfacción, ni tampoco podían ver de cerca esa graduación, porque aún estaban reuniendo los requisitos que, de acuerdo a cada programa de Derecho, pueden materializarse en la presentación de los exámenes preparatorios, el desarrollo de un trabajo de grado, la realización de pasantías nacionales o internacionales, el adelanto de cursos y seminarios o la definición de la judicatura, entre otros.

 

Quizás en un primer momento no imaginaron, al igual que las universidades, que el confinamiento se prolongaría durante un tiempo incierto. Al paso de las semanas y de cara al Reglamento Estudiantil, que en las instituciones de educación superior normalmente establece el plazo para cumplir con los demás requisitos de grado luego de la terminación de materias, se empezaron a ver solicitudes de trámite de grados cargadas de zozobra y afán, al mismo tiempo. Así, entonces, en las mesas de discusión de los consejos de facultades, los comités curriculares y demás, apareció el reto de cómo lograr que estos estudiantes no vieran interrumpido su proceso de graduación.

 

Si bien la Directiva 04 del 22 de marzo del 2020 del Ministerio de Educación Nacional nos indicaba que debíamos utilizar tecnologías en el desarrollo de nuestros programas académicos presenciales, nos correspondía asumir que no se trataba solamente del tema de impartir clases como núcleo fundamental del programa, sino, en realidad, de “desarrollar las actividades académicas” y garantizar todo el cometido de convertir al estudiante en un profesional.

 

Nuevas discusiones

 

Así, la virtualidad, ahora implementada, ha generado nuevas discusiones que aún no terminan: ¿realizamos los preparatorios virtuales?, ¿con qué metodología?, ¿en qué plataformas?, ¿orales o escritos?; ¿seguimos con tutorías en monografías?, ¿se requiere trabajo de campo?; ¿virtualidad en la sustentación del trabajo de grado?; ¿suspendemos las pasantías en las instituciones públicas o privadas?, ¿se pueden realizar desde casa a través de la virtualidad?; ¿la judicatura queda suspendida? y ¿los términos del reglamento estudiantil están suspendidos? En fin, muchas son las preguntas que, por supuesto, nos surgían.

 

La respuesta no se hizo esperar: cada una de estas exigencias debía ser resuelta con uno de los principios rectores que caracteriza la educación superior: la autonomía universitaria. Cada facultad valoró la conveniencia de emitir o no lineamientos que cubrieran esta contingencia, con las metodologías que se han estimado más o menos convenientes. Cada universidad conoce a su población estudiantil, tiene su propia identidad y cuenta con el modelo pedagógico que sirve de base al sistema de evaluación que, a su vez, hace parte del engranaje que impulsa el proceso de aprendizaje.

 

En todo caso, semana a semana, con dedicación y compromiso educativo, se han venido atendiendo cada requerimiento y lo hemos “generalizado” y adaptado a nuestra cotidianidad. Luego se verán los resultados de cada decisión que se ha tomado; algunas metodologías tendrán que ser ajustadas para cumplir los requisitos, quizás desmontadas en un corto plazo o, al contrario, ratificadas, si continúa el confinamiento. A pesar de todas estas dificultades, hemos cumplido con el reto y los compromisos de seguir formando profesionales de bien a pesar de la adversidad.

 

Más espacios virtuales

 

Todo lo anterior nos llevará a incluir en los planes de estudio, si ya no lo están, espacios académicos relacionados con las nuevas tecnologías para el ejercicio del Derecho y a robustecer en los cursos de carácter procesal la enseñanza de las normas relacionadas con “el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, así como ampliar su cobertura” (CGP, art. 103).

 

Entonces, se tendrá que fijar la mirada sobre todo lo que urge para la administración de justicia y trabajar mancomunadamente con el Consejo Superior de la Judicatura para aprehender las metodologías que materializarán el pilar estratégico de “Modernización tecnológica y transformación digital” del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022 “Justicia moderna con transparencia y equidad”, ya que uno de los proyectos del “mejoramiento de las competencias de la administración de justicia” es la “implementación digital y el litigio en línea a nivel nacional”.

 

Con ello, todas las facultades de Derecho enfrentamos los nuevos retos, que nos obligan a emitir una respuesta pronta, con el fin de evitar traumatismos en la formación de nuestro estudiantado. Lo cierto es que administrativos, profesores y estudiantes estamos aprendiendo a ser resilientes, para adaptarnos a las nuevas adversidades que nos trae este siglo. En definitiva, para las facultades de Derecho, este proceso de formación en confinamiento deja cosas más positivas que negativas.