Amenaza legislativa al régimen de sociedades

Mauricio Rosillo Rojas Director de la Especialización en Derecho del Mercado de Capitales, PUJ mauriciorosillo@gmail.com

La creatividad en materia legislativa es muy peligrosa para las instituciones, para la estabilidad jurídica y para el desarrollo del país. Es evidente que cuando se tienen tantos ministerios y entidades gubernamentales y cientos de congresistas, se corre permanentemente este riesgo. Claro, en muchos casos se cree que la solución a los problemas se logra tramitando una ley o una normatividad, en lugar de aplicar las existentes. Gran problema de gestión pública porque en diferentes ramas especializadas del derecho lo que existe es una gran “inflación legislativa o regulatoria” con normas y reglas de todo tenor que ni siquiera quien las tiene que aplicar las conoce en profundidad. Muchas veces se comete el gran error de medir la gestión de un ministro o un congresista por el número de leyes tramitadas o las regulaciones expedidas.

Esa es parte de la ineficiencia del Estado y de la parálisis que sufre buena parte del sector público y de las instituciones. La falta de sindéresis y criterio en el proceso legislativo y regulatorio conduce a que se pierdan tiempo y recursos públicos en proyectos de ley que son inconvenientes o que no tienen razón de ser. Esta situación genera además efectos colaterales en el sector productivo, en los inversionistas nacionales e internacionales que trabajan para generar actividad económica en el país. No obstante, Latinoamérica, y especialmente Colombia, atraviesan por una situación única y meritoria en materia económica. Esta época de bonanza y crecimiento se debe a múltiples causas y al trabajo juicioso que durante años se ha dado en este frente. Pero el gran riesgo es que no sepamos aprovechar esta coyuntura y no logremos convertirla en una situación permanente.

Para eso necesitamos consistencia en las políticas económicas y sociales pero también en su ejecución. Requerimos igualmente estabilidad en las reglas de juego y una aplicación consistente y sistemática de estas. Se requiere el regreso a la institucionalidad para no estar presenciando cada semana un “choque de trenes” entre diferentes entes del Estado. Ojalá no echemos por la borda esta magnífica oportunidad que difícilmente se repetirá en varios años.

Por eso sorprenden proyectos de Ley como el 143 del 2011 del Senado, que ahora es estudiado por la Cámara de Representantes. La iniciativa, que surgió como una reforma al régimen de disolución de sociedades, discretamente ha ido mutando en una gran reforma
al régimen de sociedades colombiano. Parecen olvidar sus promotores que el régimen de sociedades tiene que ver con las empresas que desarrollan las diferentes actividades mercantiles que mueven la actividad económica, el empleo y el desarrollo.

Este proyecto trae cambios sustanciales en la definición de empresa y en el concepto de grupo empresarial. Establece criterios y presunciones de subordinación con unos alcances insospechados que podrían tener efectos nefastos, por ejemplo, en materia de financiación de empresas, en momentos en donde se requieren recursos para crecer.

Por otro lado, se cambia el régimen de responsabilidad de los administradores, incorporando disposiciones relativas a los representantes legales y a las Juntas Directivas con un alcance que seguramente va a desincentivar la participación en estas. Propone igualmente, la creación de un registro nacional de socios o accionistas en un país donde los temas de seguridad no se han resuelto.

Las críticas al proyecto seguramente darían para cualquier cantidad de columnas en este periódico. Uno esperaría que cuando se va a modificar un régimen tan importante como el de sociedades se hiciera con todo el juicio, diálogo, estudio, tiempo y ponderación. Qué se hicieran debates para que participe la academia en la construcción de las propuestas y para discutir y concertar asuntos de tanta envergadura que tienen no solamente que ver con el régimen legal de una disciplina sino con el presente y el futuro de la actividad productiva de un país. Hacer una reforma de estas por la puerta de atrás, cambiando radicalmente el alcance de un proyecto de ley, no solamente es peligroso sino antidemocrático.

Es una lástima que tengamos que presenciar permanentemente estos atentados contra la estabilidad jurídica. ¿Para qué cambiar lo que funciona bien? Lo más grave, es que en la actualidad cursan más de cien iniciativas sobre temas afines en el Congreso de la República, la gran mayoría inocuas, superfluas o inaplicables. ¿No será que las discusiones deberían centrarse en los asuntos estructurales que tanto padece este país? Es ahí donde deberían darse los debates legislativos.