Cachos que no dan pena

Desde finales de febrero, los surcoreanos pueden echarse una o varias canas al aire, sin temor a terminar en la cárcel. En un fallo que se puede catalogar como histórico, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur tumbó la norma del Código Penal que castigaba el adulterio con una pena de hasta dos años de prisión.

Con siete votos a favor y dos en contra, la corporación concluyó que la penalización de esta conducta violaba el derecho a la intimidad y el ejercicio libre de la sexualidad, asuntos en los cuales el Estado no puede ni debe interferir. Según el presidente de la Corte, Park Han-Chul, una normativa de este tipo “pierde poco a poco su lugar en el mundo y no refleja la forma de pensar de los surcoreanos”.

Un par de magistrados, sin embargo, votó a favor de mantener la ley, advirtiendo que su abolición podría conducir a un desorden en la moral sexual, fomentar las relaciones extramaritales y minar la vida familiar.

Precisamente, esas previsiones llevaron a tipificar el adulterio en Corea del Sur, en 1953. Y a pesar del aparente consenso en el hecho de que la medida ayudaba a preservar el orden social, sus críticos insistían en que no era más que una extralimitación de los poderes estatales, que implicaba una flagrante interferencia en la vida privada de los ciudadanos.

Con ese argumento, la norma ya había sido demandada ante el Tribunal Constitucional, en cuatro oportunidades (1990, 1993, 2001 y 2008), pero los magistrados concluyeron que la penalización del adulterio permitía “proteger el matrimonio y la ética sexual”. Solo en el 2008, algunos togados consideraron que la conducta podía condenarse por razones estrictamente morales, pero nunca como un acto criminal.

Desde 1953, cuando entró en vigencia la ley, unos 100.000 surcoreanos fueron condenados por adulterio. No obstante, como consecuencia de acuerdos económicos entre las partes, con los que se le ponía fin al proceso, la cifra de surcoreanos que perdieron su libertad por esta causa fue descendiendo progresivamente: de 216, en el 2004, se pasó a 42, en el 2008, y, desde entonces, a solo 22.

Uno de los procesos penales por adulterio más sonado fue el de la actriz Ok So-Ri, condenada a ochos meses de prisión, en el 2008. La mujer, cuya sentencia fue suspendida, fue una de las que acudió sin éxito al Tribunal Constitucional, argumentando que la norma violaba sus derechos humanos, “en nombre de la venganza”.

Al respecto, el abogado surcoreano especialista en derecho de familia Kim Jung-Beom afirmó que el número de infractoras había venido aumentado en los últimos tiempos y, en cierto modo, la ley se había convertido en una forma de avergonzarlas.

Cabe mencionar que, en años recientes, con el fin de darles mayores garantías a los interesados, los jueces habían endurecido sus exigencias probatorias en materia de adulterio. De hecho, era usual que agentes de policía, alertados por el cónyuge afectado, allanaran habitaciones de moteles, para asegurar el correspondiente “recaudo probatorio”.

Como hecho curioso, tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional, los precios de las acciones de una compañía líder en el mercado de preservativos aumentaron en casi un 15 %, y las acciones de una farmacéutica que comercializa la llamada “píldora del día después” subieron un 9,7 %. Los analistas locales vinculan este fenómeno a la sentencia, porque los inversores actuaron bajo el supuesto de que podía alentar las relaciones extramatrimoniales y, por lo tanto, el uso de condones y anticonceptivos.

Cachos que no dan pena, pero sí ventajas económicas.

(Fuentes: The New York Times, The Guardian y El País)