Es urgente generar confianza económica

Johan Mauricio Caldas García
Profesor Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Universidad de la Sabana
Candidato a doctor en Derecho y a economista

El mundo se enfrenta a una crisis económica que amenaza con escalonar sus efectos hasta una recesión, es decir, cuando la economía de un Estado muestra contracción en su PIB por dos trimestres consecutivos. Esta situación tiene serios impactos en el mercado laboral, reducción de la productividad, desequilibrio de la balanza comercial, aumento en el índice de precios al consumidor (inflación), incremento en las tasas de interés y, para economías como la nuestra, devaluación de la moneda.

El principal temor a la recesión proviene de la economía de EE UU, toda vez que se enfrenta a una baja significativa en su actividad económica. En este sentido, para el primer trimestre del año (enero-marzo), su PIB se contrajo el 1,6 %, y se espera un resultado similar para el segundo trimestre (abril-junio).

La dificultad de revertir la contracción en la economía de EE UU, de algunos países europeos y de gigantes asiáticos da serios indicios de una amenaza de recesión en el curso de este año o en el próximo. Entre sus causas, se debe destacar la gran crisis logística mundial, que se extenderá hasta finales del 2023; la escasez de combustibles, que amenaza con una crisis energética global; la guerra entre Rusia y Ucrania, con sus efectos directos e indirectos, y el paro productivo en China, ocasionado por sus drásticas medidas contra el covid-19. Esto se suma a incertidumbres políticas y sociales, como el cambio de Gobierno en el caso colombiano.

Como consecuencia de estos sucesos, se generan efectos que aceleran y agudizan la crisis. Así, por ejemplo, EE UU registra una inflación anualizada del 8,6 %; la eurozona, del 8,1 %; Colombia, del 9,67 %, y Argentina llega al 60 %. Por otro lado, en el caso colombiano, registramos una devaluación en el último mes del 14 %, cuyos efectos sobre la importación de bienes y servicios terminará por aumentar significativamente las presiones inflacionarias que ya se mantienen.

Este panorama vislumbra un entorno ensombrecido en el corto y mediano plazo, ante el cual resulta necesario adoptar medidas que contribuyan a atenuar los efectos de la crisis, especialmente con el ánimo de mitigar las consecuencias sociales que puede generar.

Para ello, resulta indispensable ofrecer seguridad jurídica al sector productivo, que contribuya a generar estabilidad y confianza al empresariado, a los inversores y a los consumidores. En un entorno de alta incertidumbre e inestabilidad, causado por múltiples externalidades negativas, se deben fomentar entornos de confianza interna para la economía, lo cual solo puede darse bajo la certeza del Derecho.

Sin embargo, sumado al panorama internacional, el país sostiene un cierto grado de incertidumbre natural por la coyuntura política del cambio de Gobierno, que se incrementa por el cambio de visión y enérgicas posturas del presidente electo. Este horizonte amenaza con hacer más gravosos los efectos de la crisis para la economía nacional, toda vez que agrega incertidumbre y desconfianza para los productores, consumidores e inversores.

Para evitar esto, la transición de gobiernos debe poner especial atención en dar seguridad jurídica a la economía, en aspectos claves como la reforma tributaria, el presupuesto general de la nación, la proyección del margen fiscal, la postura del Estado sobre la intervención en la economía, el control de precios y la distribución de utilidades, entre otros.

Con esto no se supone que el Gobierno entrante tenga que mantener la visión y regulación económica del Gobierno saliente, toda vez que su elección obedece, entre otras, a las perspectivas distintas sostenidas en esta materia. No obstante, deberían darse cambios razonables y progresivos, que ofrezcan la suficiente anticipación para permitir la adaptación económica a las nuevas condiciones.

Por ejemplo, pensar en reformas tributarias de 50 billones de pesos en medio de una amenaza de crisis puede exacerbar la incertidumbre de los mercados y la especulación de los inversionistas, sin mencionar los efectos que puede tener en el poder adquisitivo de las personas, el aumento de la pobreza y la desaceleración del consumo. El nuevo Gobierno debería buscar alternativas progresivas para lograr sus cometidos, en coherencia con lo que exige el entorno actual.