La Corte Constitucional reiteró la obligación a cargo del Estado, a través de los centros de reclusión, de prestar un servicio de salud mínimo, efectivo, continuo, eficiente, oportuno y de calidad a quienes se encuentran privados de la libertad, pues estos son sujetos especialmente vulnerables que merecen una garantía prioritaria y reforzada de ese d