El Consejo Superior de la Judicatura confirmó la suspensión de seis meses en contra de una litigante por demorar la iniciación de las gestiones encomendadas y dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional. En efecto, se comprobó que la disciplinada no elaboró oportunamente los poderes, las solicitudes de conciliación ante la Procuraduría y las demandas respectivas para las cuales fue contratada. Esto trajo como resultado la caducidad de una acción laboral y otra en materia administrativa (M. P. Camilo Montoya Reyes).