La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura suspendió durante 18 meses del ejercicio de la profesión a una abogada que presentó un informe que no fue suscrito por el supervisor del contrato de prestación de servicios celebrado con el Ejército Nacional. De igual forma, la profesional del Derecho incumplió las obligaciones contraídas con la entidad pública y constantemente presentaba excusas para no cumplir con las labores que le fueron encargadas. Así, la Sala Disciplinaria reprochó el actuar doloso de la jurista al entregar un documento que no correspondía a la realidad, pues con ello defraudó a la administración pública y por lo tanto la sancionó disciplinariamente y, adicionalmente, debe ser penalmente investigada por una presunta falsificación de firma (M. P. Julia Garzón).