La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura encontró al funcionario judicial responsable de infringir el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, así como lo previsto en los artículos 36 y 37 del Acuerdo 1518 del 2002 del Consejo Superior de la Judicatura. La corporación encontró que el juzgador excedió la tarifa legalmente establecida para la asignación de honorarios del auxiliar de la justicia, lo que de paso afectó a la parte obligada a pagar dicho concepto dentro del proceso ejecutivo hipotecario. Según explicó la sentencia, los honorarios debieron oscilar entre 2 y 10 salarios mínimos legales diarios, para la época en que se impusieron; por el contrario, el disciplinado fijó una suma considerablemente mayor, incurriendo de esta manera en una actuación irregular ajena a la autonomía funcional, precisamente por observarse en su decisión judicial un desbordamiento o protuberante desconocimiento en la aplicación de las normas aplicables al caso concreto, indicó (M. P. Pedro Alonso Sanabria).