El Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción a una abogada, que consiste en suspenderla del ejercicio de su profesión durante cuatro meses y condenarla al pago de dos salarios mínimos mensuales. El motivo de la investigación fue la queja interpuesta por un juzgado civil municipal que conocía un proceso de restitución de inmueble arrendado en el que figuraba como apoderada la disciplinada, quien interpuso múltiples recursos evidentemente improcedentes e impertinentes, con la finalidad de entorpecer el proceso y retrasar la entrega del bien raíz, según lo considero el Consejo Superior. Así mismo, se determinó que la abogada no contaba con ninguna justificación válida para el incumplimiento del deber de colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado, y quedó demostrado su actuar doloso, pues era claro que tenía pleno entendimiento de la improcedencia de los memoriales presentados.