La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revocó una sentencia que sancionaba con destitución e inhabilidad general por 12 años a un fiscal delegado ante los jueces del circuito de la dirección seccional de fiscalías de Medellín. La providencia revocada aseguraba que el funcionario incurrió en la prohibición del numeral 2º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo establecido en el numeral 2º del artículo 139 del Decreto 1660 de 1978 y el numeral 55 del artículo 48 de la Ley 734 del 2002, al haber abandonado su cargo. En este caso, la corporación aseguró que no se está ante un abandono del cargo, sino frente al incumplimiento de una orden impartida al funcionario, dada a través del acto administrativo que le ordenó el traslado de puesto de trabajo de Neiva a Medellín, por necesidad del servicio. Es decir, el fiscal no se presentó al nuevo lugar de trabajo y continuó ejecutando su labor en el lugar de siempre. Por ello, concluyó que el interés del investigado no fue abandonar el cargo, sino permanecer ejerciendo sus funciones en la misma seccional (M. P. Camilo Montoya Reyes).