Para que se configure la falsa motivación como causal de nulidad de los actos administrativos deben demostrarse dos circunstancias: (i) que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa o (ii) que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente. De otra parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado precisó que el concepto de costas del proceso comprende los gastos, los cuales incluyen los honorarios del abogado o agencias en derecho, así como los necesarios para el traslado de testigos, la práctica de prueba pericial y los honorarios de los auxiliares de la justicia (C. P. Gabriel Valbuena Hernández).