Después de nueve meses de reglamentar la implementación de la oralidad en los procesos jurisdiccionales de competencia desleal y protección al consumidor, ordenada por la Ley 1395 del 2010 (descongestión judicial), la Superintendencia de Industria y Comercio acaba de reportar una reducción ostensible en el término de duración de los procesos, tras proferir, en siete meses, la primera sentencia verbal. En ella, declaró que un reconocido restaurante incurrió en actos de competencia desleal, concretamente desviación de clientela, y engaño. La parte demandada presentó recurso de apelación contra el fallo, que resolverá el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia.