La Ley 1952 del 2018 (Nuevo Código Disciplinario) establece el mismo deber que contemplaba la Ley 734 del 2000 relacionado con denunciar delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de las cuales tenga conocimiento el servidor público, indicó la Contraloría General de la República. La denuncia debe estar soportada con los elementos probatorios para evidenciar que los elementos objetivos de la situación existen, es decir, claridad y precisión respecto a los elementos fácticos y jurídicos. Los auditores comportan distintas disciplinas profesionales, por lo que no necesariamente cuentan con los conocimientos para definir un hallazgo penal o disciplinario. En este caso, señaló la entidad, lo propio es el traslado a las autoridades competentes.