De acuerdo con lo previsto en la Ley 1480 del 2011 (Estatuto del Consumidor), la demanda de protección al consumidor es aquella que instaura la persona que usa o disfruta el producto o servicio directamente para satisfacer una necesidad propia, privada, familiar o doméstica e, incluso, empresarial, siempre y cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica, pues en caso contrario, es decir, cuando el producto o servicio se utiliza para derivar un derecho que guarda relación directa con una actividad económica, se descarta la posibilidad de ser considerado consumidor final, en los términos mencionados, precisó la Superintendencia de Industria y Comercio. En el caso bajo análisis, en el que se reclamaba por las malas condiciones en que llegó al país una mercancía proveniente de Taiwán, lo que impedía su comercialización, objeto principal de su adquisición, se evidenció una necesidad de índole económica.