La obligación de informar supone la existencia de una relación de consumo en virtud de la cual un consumidor adquiere un bien o servicio a un productor o expendedor determinado por las condiciones objetivas y específicas anunciadas respecto del mismo. Por lo tanto, el bien o servicio debe ajustarse a las características de uso y funcionamiento anunciadas, so pena de resultar el productor o proveedor responsable de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información, indicó la Superintendencia de Industria y Comercio. Evaluar la veracidad y suficiencia de la información que determinó la intención de compra en un determinado caso es un aspecto de suma importancia a la hora de proteger los derechos de los consumidores en el marco de la acción jurisdiccional.